El presente informe documenta la situación de derechos humanos en la Región Sierra-Frontera de Chiapas durante el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, coincidiendo con el primer año de la administración estatal encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar y la implementación de una nueva estrategia de seguridad presentada públicamente como un proceso de pacificación.
La investigación, realizada por el Grupo de Trabajo Región Frontera (GTRF), da continuidad al informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, publicado en enero de 2024. A partir de testimonios de habitantes de la región, entrevistas con personas expertas, información oficial y documentación de organizaciones de derechos humanos, este informe analiza tres fenómenos estrechamente vinculados: la desaparición forzada de personas, el desplazamiento forzado interno y los impactos de la estrategia de seguridad implementada por el Estado.
Los hallazgos muestran un escenario más complejo que el descrito tanto por las narrativas que presentan a Chiapas como un territorio plenamente pacificado. Durante 2025 se registró una reducción de algunas de las expresiones más visibles de la violencia, particularmente los enfrentamientos armados abiertos, los bloqueos carreteros y los retenes instalados por grupos criminales. Sin embargo, la evidencia recopilada indica que esta estabilización parcial no ha venido acompañada de una transformación equivalente de las condiciones que dieron origen a la crisis.
La desaparición de personas y el desplazamiento forzado interno continúan afectando a la población de la Región Sierra-Frontera. Al mismo tiempo, persisten mecanismos de control territorial, dinámicas de miedo y silenciamiento, restricciones al ejercicio de derechos y profundos obstáculos para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. La reducción de la violencia visible no se ha traducido necesariamente en una recuperación efectiva de las condiciones de seguridad, libertad y dignidad para amplios sectores de la población.
La información recopilada indica que la desaparición sigue funcionando como un mecanismo de terror, castigo y control social. Las personas desaparecidas no son seleccionadas al azar. Los testimonios y casos documentados muestran que estas prácticas continúan utilizándose para disciplinar a poblaciones consideradas afines a grupos rivales, castigar liderazgos comunitarios, facilitar procesos de despojo o consolidar el dominio sobre determinados territorios. Aunque algunas modalidades han evolucionado respecto a los años más intensos del conflicto, la lógica que las sostiene permanece vigente.
Los registros oficiales muestran que la Región Sierra-Frontera concentró el 10.58% de las desapariciones registradas en Chiapas durante el periodo analizado. Sin embargo, la magnitud real del fenómeno probablemente excede las cifras disponibles. El miedo a represalias, la desconfianza hacia las instituciones y la percepción de impunidad continúan limitando la denuncia y contribuyen al subregistro de casos.
Los registros oficiales muestran que la Región Sierra-Frontera concentró el 10.58% de las desapariciones registradas en Chiapas durante el periodo analizado. Sin embargo, la magnitud real del fenómeno probablemente excede las cifras disponibles. El miedo a represalias, la desconfianza hacia las instituciones y la percepción de impunidad continúan limitando la denuncia y contribuyen al subregistro de casos.
Los registros oficiales muestran que la Región Sierra-Frontera concentró el 10.58% de las desapariciones registradas en Chiapas durante el periodo analizado. Sin embargo, la magnitud real del fenómeno probablemente excede las cifras disponibles. El miedo a represalias, la desconfianza hacia las instituciones y la percepción de impunidad continúan limitando la denuncia y contribuyen al subregistro de casos.
La documentación también evidencia la estrecha relación existente entre desaparición, el reclutamiento forzado y hallazgo de fosas clandestinas en la región. Al mismo tiempo, las familias entrevistadas describen importantes obstáculos para acceder a la verdad y la justicia, incluyendo deficiencias en la coordinación institucional, dificultades para obtener información, falta de protección durante los procesos de búsqueda y experiencias de revictimización en su relación con las autoridades.
A pesar de estas condiciones adversas, numerosas familias continúan impulsando procesos de búsqueda y denuncia. En muchos casos, han recurrido simultáneamente a mecanismos institucionales y a estrategias propias de visibilización pública para intentar superar la falta de respuestas efectivas. Su persistencia constituye una expresión de resistencia frente a contextos marcados por el miedo, la impunidad y la incertidumbre.
La desaparición no afecta únicamente a quienes son privados de su libertad. Sus consecuencias se extienden a familias y comunidades enteras, profundizando el miedo colectivo, debilitando los vínculos comunitarios y generando impactos diferenciados sobre niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y personas en situación de movilidad. En este sentido, la desaparición continúa siendo una de las expresiones más profundas de la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa la Región Sierra-Frontera.
Desplazamiento forzado interno: retornos precarios y persistencia de las causas de expulsión
El desplazamiento forzado interno continúa siendo una de las principales consecuencias de la violencia que afecta a la Región Sierra-Frontera de Chiapas. Aunque durante el periodo analizado numerosas familias retornaron a sus comunidades de origen, la documentación recopilada muestra que estos retornos ocurrieron frecuentemente en contextos caracterizados por la persistencia de actores armados, la ausencia de garantías efectivas de seguridad y la continuidad de las condiciones que originalmente provocaron la expulsión.
Los hallazgos del informe cuestionan la idea de que el retorno represente necesariamente una solución duradera. Por el contrario, en diversos casos se identificaron dinámicas de desplazamiento intermitente, en las que las familias regresan a sus comunidades para posteriormente enfrentar nuevos riesgos de violencia, amenazas o desplazamiento. En este contexto, el retorno aparece más como una estrategia de supervivencia que como la expresión de una recuperación efectiva de condiciones de seguridad y protección.
La investigación confirma que la principal causa de desplazamiento continúa siendo la violencia asociada a grupos armados vinculados a economías ilícitas que disputan o ejercen control sobre el territorio. Amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, restricciones a la movilidad y diversas formas de coerción siguen afectando a la población civil incluso en aquellos lugares donde han disminuido los enfrentamientos abiertos.
A ello se suma una respuesta institucional insuficiente. A pesar de que Chiapas cuenta desde hace más de una década con un marco jurídico específico en materia de desplazamiento forzado interno, éste continúa sin implementarse plenamente. La ausencia de mecanismos efectivos de identificación, registro, protección y reparación ha limitado la capacidad del Estado para responder a una crisis que permanece vigente. Las acciones emprendidas durante el periodo analizado se concentraron principalmente en medidas de asistencia humanitaria de alcance limitado, sin abordar de manera integral las causas estructurales del fenómeno.
Las consecuencias del desplazamiento trascienden la pérdida material de viviendas, tierras o medios de subsistencia. Los testimonios recogidos documentan procesos profundos de fragmentación comunitaria, deterioro de las economías locales, afectaciones psicosociales y debilitamiento de los vínculos sociales. En muchos casos, el miedo continúa condicionando las decisiones de las familias desplazadas y restringiendo sus posibilidades de reconstruir proyectos de vida en condiciones de seguridad y dignidad.
En este sentido, el desplazamiento forzado no puede entenderse únicamente como un episodio asociado a los momentos más intensos de la violencia ocurrida en años recientes. Los hallazgos del presente informe muestran que continúa siendo una realidad vigente, estrechamente vinculada a la persistencia del control territorial ejercido por grupos armados, a la limitada capacidad institucional para garantizar protección efectiva y a la ausencia de soluciones duraderas para las personas afectadas.
La paz pendiente: los límites de la estrategia de seguridad
Durante el primer año de la actual administración estatal, la estrategia de seguridad implementada en Chiapas produjo cambios perceptibles en la Región Sierra-Frontera. La reducción de enfrentamientos armados abiertos, bloqueos carreteros y retenes instalados por grupos criminales fue reconocida de manera consistente por las personas entrevistadas para esta investigación. En comparación con los momentos más intensos de la violencia documentados en años anteriores, numerosos habitantes describieron una disminución de aquellas manifestaciones que habían alterado profundamente la vida cotidiana de las comunidades.
Estos cambios ocurrieron en el marco de una estrategia de seguridad caracterizada por el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado mediante el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la ampliación de facultades institucionales en materia de seguridad e inteligencia, la incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia y equipamiento de carácter militar —incluyendo drones, aeronaves artilladas, vehículos blindados y sistemas de monitoreo— y la construcción de una narrativa pública centrada en la restauración del orden, la pacificación y la “Cero Impunidad”.
Sin embargo, la documentación recopilada sugiere que estos cambios no resultan suficientes para concluir que la región atraviesa un proceso consolidado de pacificación. La investigación identifica una diferencia importante entre la reducción de la violencia visible y la transformación de las condiciones que hicieron posible la expansión de la violencia y el control territorial en la región.
Los testimonios recogidos muestran que la disminución de los enfrentamientos coexistió con la persistencia de mecanismos de control territorial ejercidos por grupos de la delincuencia organizada. Diversas personas entrevistadas señalaron que continúan existiendo formas de vigilancia sobre la población, restricciones a la movilidad, regulación de actividades económicas y dinámicas de intimidación que condicionan la vida cotidiana. Como resumió una persona entrevistada en Chicomuselo: “disminuyó un poco la violencia, pero sabemos y sentimos que no hay una paz verdadera”.
La investigación también documenta altos niveles de desconfianza hacia las instituciones de seguridad y justicia. Aunque la presencia estatal se incrementó de forma visible en la región, muchas de las personas entrevistadas no perciben avances equivalentes en el esclarecimiento de crímenes, la sanción de responsables, la protección de víctimas o el desmantelamiento de las estructuras criminales que operan en el territorio. A ello se suman preocupaciones relacionadas con posibles abusos cometidos durante operativos de seguridad, así como con la ausencia de información suficiente sobre los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas asociados al uso de tecnologías de vigilancia y control.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la persistencia del miedo como elemento estructurante de la vida social. La autocensura, el silenciamiento y la modificación de prácticas comunitarias continúan presentes en numerosos territorios, incluso en contextos donde la violencia abierta ha disminuido. Esta situación sugiere que la estabilización observada durante 2025 no ha venido acompañada de una recuperación equivalente de las condiciones de libertad, confianza y ejercicio de derechos que caracterizan a una paz sostenible.
En este sentido, los hallazgos invitan a matizar las narrativas que presentan la situación de la Región Sierra-Frontera como un proceso plenamente consolidado de pacificación. La evidencia recopilada muestra que la reducción de ciertas expresiones visibles de la violencia constituye un avance relevante, pero insuficiente para afirmar que han desaparecido las dinámicas de control, impunidad y vulneración de derechos humanos que dieron origen a la crisis.
Síntesis de recomendaciones
Los hallazgos de este informe muestran que las respuestas institucionales serán insuficientes mientras la reducción de la violencia visible no vaya acompañada de avances equivalentes en materia de verdad, justicia, protección, reparación y garantía efectiva de derechos.
En materia de desaparición de personas, resulta prioritario generar condiciones seguras para la denuncia y la búsqueda, fortalecer las capacidades de investigación y coordinación entre instituciones, garantizar la protección de las familias y avanzar en la identificación de restos humanos localizados en la región. Asimismo, es indispensable adoptar enfoques diferenciados que respondan a las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas desplazadas y personas en movilidad.
Respecto al desplazamiento forzado interno, el Estado debe reconocer plenamente la magnitud y persistencia del fenómeno, implementar de manera efectiva el marco normativo existente y desarrollar políticas públicas integrales orientadas a la protección, la reparación y la construcción de soluciones duraderas. Ello implica no sólo garantizar asistencia humanitaria, sino también generar condiciones de seguridad, acceso a derechos y recuperación de medios de vida para las personas afectadas.
Finalmente, los hallazgos del informe evidencian la necesidad de complementar las acciones de seguridad con medidas orientadas al fortalecimiento del acceso a la justicia, el desmantelamiento efectivo de las estructuras criminales y la protección de los derechos humanos. Esto incluye fortalecer las capacidades de investigación, garantizar mecanismos de rendición de cuentas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y asegurar que el uso de tecnologías de vigilancia y control se encuentre sujeto a supervisión, transparencia y salvaguardas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales, en concreto el funcionamiento de un estado de derecho que implique el funcionamiento de la instacias de gobierno, el cual esta fallando, este debiendo a la sociedad civil que arriesga su vida e integridad por denuncia estos crimines vinculados a la delincuencia organizada.
La construcción de una paz sostenible en la Región Sierra-Frontera requiere avanzar más allá de la contención de la violencia visible. Supone enfrentar las causas estructurales que han permitido la expansión de la violencia, garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas, y colocar en el centro la protección de las comunidades y el ejercicio pleno de sus derechos.
